jueves, 1 de septiembre de 2011

Perry Anderson en Lima

Por iniciativa de la Universidad de Ciencias y Humanidades a inicios de este mes estuvo en Lima Perry Anderson[1], influyente historiador británico y uno de los principales pensadores marxistas contemporáneos. Fue redactor durante muchos años de la New Left Review y autor de textos imprescindibles como Transiciones de la antigüedad al feudalismo y El Estado absolutista, trabajos en los que estudia el cambio histórico y político en Europa en el largo plazo y que se destacan tanto por su innovación metodológica como por su profundidad conceptual.

En su conferencia en la UCH Anderson hizo un análisis del orden internacional vigente trazando un paralelismo entre la situación actual y la que se sucediera a la derrota napoleónica en 1815. En aquel entonces, las cinco potencias que enfrentaron a Napoleón y se reunieron en el Congreso de Viena (Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia y Francia), lograron establecer un marco de cooperación que generó estabilidad y un orden político de paz que se mantuvo por cuarenta años en Europa y evitó los conflictos a gran escala hasta la primera guerra mundial. Las grandes potencias de entonces actuaron coordinadamente logrando la restauración monárquica y erradicaron las guerras del suelo europeo. Fuera de Europa las reglas eran diferentes, ahí persistían las tradicionales rivalidades y mientras las potencias expandían sus imperios por mares y tierra, otras peleaban por su parte de colonias y mercados. La belicosidad que se comprimía en el centro del sistema se exportó a la periferia.

La primera guerra mundial marcó el fin del orden internacional heredado del Congreso de Viena y con ella comenzó lo que Hobsbwam ha llamado el corto siglo XX (1914-1989). En él, sostiene Anderson, existieron tres distintos tipos de relación entre las mayores potencias del mundo. En el período entre ambas guerras mundiales imperó una anarquía competitiva, donde cada gran potencia y las potencias menores oscilaron entre la rivalidad y la alianza estratégica entre ellas. A partir de 1945 y hasta 1989 la guerra fría planteó un duopolio de poder, donde Estados Unidos y la Unión Soviética capitaneaban dos bloques enfrentados que competían por el control e influencia sobre el resto del mundo. La tercera fase es la actual que  deriva de la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y marca la hegemonía de los Estados Unidos en el concierto mundial.

Según Anderson, hoy día asistimos a una nueva metamorfosis del sistema internacional que se asemeja a una nueva pentarquía. Los Estados Unidos disfrutan una supremacía que ninguna potencia hasta la fecha cuestiona; sin embargo, hay nuevos candidatos a superpotencias y ellos son la Unión Europea, que concentra el mayor PBI del mundo, Rusia por su expansión territorial y contar con el segundo arsenal nuclear y China e India, con la economía de mercado más dinámica de la historia reciente. Al igual que en la pentarquía restauradora del siglo XIX, la actual, está conformada por países con estructuras sociales, sistemas políticos, ideologías legitimadoras y niveles de desarrollo económico dispares. Pero existe una diferencia sustancial entre ésta y aquella. La decimonónica fue la respuesta a un aplastante enemigo común, Napoleón, y estaba latente el riesgo de un regreso generalizado a las armas. El concierto de potencias contemporáneo se asienta en una base más prosaica. No es el peligro a una nueva contienda bélica o a una revolución desde abajo lo que une a las potencias líderes del momento para dirigir el mundo, sino que es el resultado de su cada vez mayor interdependencia económica. Estas cinco grandes potencias se encuentran más interconectadas que nunca a través de fronteras y fundamentalmente a través de los mercados de productos básicos, así como de los mercados de capitales y divisas, lo cual hace más compleja dicha dependencia.

El resultado de ello, prosigue Anderson, es que las principales amenazas para la estabilidad contemporánea provienen de la concatenación de turbulencias económicas de las que somos testigos hoy día. Para conseguir dominar estos problemas se creó en un principio el G7, más tarde el G8 y en la actualidad el G20; el propósito es limar las desavenencias sobre intercambios comerciales, tasas de interés y valores monetarios en cuya regulación las potencias y países más desarrollados tienen un interés común. Que al igual que en los conflictos del concierto europeo del siglo XIX estas diferencias se hayan resuelto o reprimido en la práctica con mayores o menores tensiones se debe a un compromiso ideológico común con los principios del mercado capitalista mundial.

El nuevo orden internacional que plantea Anderson se asemeja a una nave a la deriva. Semanas atrás la noticia de la caída del valor de la deuda norteamericana, con la que China y otras potencias financian su crecimiento, provocó el remezón en las bolsas de valores en el mundo. La dependencia mutua en la que están atrapados estados deudores y acreedores es un dato de la realidad. En su estudio sobre la formación del estado absolutista, el historiador británico decía que “la lucha secular entre las clases se resuelve en el nivel político de la sociedad, no en el económico o cultural”. Por ahora la nave avanza enfrentada a un mar turbulento de “indignados” que pululan en el mundo sin que hasta el momento hayan encontrado un cauce a su protesta.
 
 
Publicado en Noticias.SER - 31/08/2011

[1] Conferencia Magistral titulada “El concierto de poderes” en la clausura del II Seminario Internacional de Investigación Científica: Universidad, Ciencia y Tecnología.

jueves, 18 de agosto de 2011

La actualidad del pasado

En el discurso político las referencias a figuras o hechos históricos sirven para señalar continuidades o rupturas con el pasado. De esta forma se nutre al discurso de significados y permite a la audiencia situarse en un marco referencial. No hay nada nuevo en ello, la política moderna y contemporánea se hace desde dos perspectivas en tensión. Una es desde la tradición, aunque sea para romper con ella; la otra es la atemporal, la actualidad pura y dura. Respecto de la primera, un buen ejemplo es el mensaje a la nación de Ollanta Humala el 28 de julio pasado, de la segunda, son ilustrativos los discursos de García, Toledo y Fujimori cuando en su momento se colocaron el fajín presidencial.

Humala llega al gobierno con la promesa del cambio y por ende de ruptura con el pasado reciente, esos fueron y son su sello distintivo frente a los demás candidatos de la última elección. Fruto de un convencimiento sincero o la necesidad de afirmarse en una coalición variopinta de grupos políticos que contribuyeron a su llegada al gobierno, traza una línea de continuidad con lo mejor de nuestro pasado político. En su discurso de asunción ha querido presentarse como heredero de la mejor tradición política del país. En este sentido es sugestiva la idea que esboza al definir la patria como “nuestra historia común, el espacio donde todos los peruanos y peruanas queremos vivir en paz y en democracia”; y que bien podemos asociar con el legado de pensadores tan distintos como los que menciona: Belaúnde, Haya de la Torre y Mariátegui. El rescate de la tradición política se hace sin hacer suya ninguna herencia particular, sino como afirmación de nuestra diversidad e identidad múltiple, a partir de la revalorización de ese legado es que propone superar las fracturas históricas del Perú.

A diferencia de sus predecesores, evito las críticas al mandatario saliente, aunque la mención al discurso que un siglo atrás diera Víctor Andrés Belaunde en la Universidad San Marcos, titulado La Crisis Presente, es también una sutil alusión al estado en que recibe al país. Si bien es casi una referencia al pasar, tal vez un guiño al lector atento, quienes se tomen el trabajo de revisitar aquel discurso, no podrán menos que sorprenderse de su actualidad. En él, Belaunde critica sin ambages a la clase dirigente por su crisis moral y arremete contra lo que llama el absolutismo presidencial comparando a éste con un virrey, tampoco se salvan los ministros a quienes ve como meros secretarios por la intervención del presidente en todos los asuntos y negocios, lamenta  la lucha intestina o la anarquía de los partidos, la ineficacia del parlamento en su función fiscalizadora y legisladora, así como la burocracia inepta y corrupta. Tampoco se salva la clase media, que por su falta de independencia económica busca refugio en las profesiones liberales y se arroja al campo azaroso de la política y la burocracia. Cualquier semejanza con nuestra realidad, corre por cuenta del lector.

El resto del mensaje de Humala discurrió por los carriles habituales en estos menesteres, sin que hubiera mayores sorpresas. Las críticas de sus detractores -además de las polémicas referencias a la constitución del 79 y las consecuencias parlamentarias posteriores del exabrupto fujimorista-, estuvieron centradas en la falta de precisión sobre las metas del gobierno, o para ser más claro, porque en el mensaje no abrumo con metas, plazos y cifras. Esto parece haber descolocado a parte de la audiencia, probablemente porque hace tiempo que la política en el Perú fue ganada por el arte y la ciencia de la gerencia, y consecuentemente, el desempeño de la autoridad se mide en cemento, asfalto u otra medida similar. 

La otra perspectiva del discurso político, la atemporal, se impuso en los noventa. Al dar un vistazo a los discursos de asunción de García, Toledo y Fujimori, uno teme perderse en un fárrago de números y citas autorreferenciales, donde el pasado casi no existe sino para ser defenestrado y para que cada cual tome distancia de su predecesor. No hay continuidad histórica, el presente en el que hablaron es como un eslabón perdido en el tiempo, como un episodio sin conexiones temporales.

No deja de ser paradójico que quien encarna la ruptura busque en el pasado los referentes históricos. Después de todo, la historia es como un gran cajón de sastre donde uno va y recoge los retazos más útiles a sus propósitos. Las posibilidades de manipulación del pasado son tan diversas como actores y coyunturas, más aún si se le quita el componente peyorativo a la expresión. El éxito de la operación dependerá de la habilidad de quien formula el mensaje y la capacidad crítica del auditorio.  Por eso tan importante como las tradiciones políticas que Humala rescata son también las que deja fuera. Si  su discurso puede ser leído como una invitación al trabajo común y la conciliación, al rescate de aquello que nos une, la presencia del fujimorismo  en la escena política nacional parece la de un convidado de piedra.

Publicado en NoticiasSER.pe - 18/08/2011

sábado, 16 de julio de 2011

Juntos para siempre

Los programas sociales son creados e implementados por el Estado con el fin de permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, particularmente aquellos que por diferentes motivos son víctimas de exclusión social. En este sentido, de las decenas de programas sociales que se ejecutan el programa Juntos es considerado uno de los más efectivos. Es el primer programa de transferencias directas condicionadas a una serie de exigencias en materia de salud, educación, nutrición e identidad por parte de los beneficiarios. Por lo que involucra a varios sectores del Estado en las zonas con mayores niveles de pobreza y exclusión del país. Con él se beneficia a hogares en situación de vulnerabilidad, exclusión o pobreza, que tengan entre sus miembros a niñas y niños hasta los 14 años de edad o mujeres en estado de gestación.

Juntos se creó en el último año del gobierno de Toledo en el año 2005, en aquel entonces llegaba a 22 mil hogares. Durante el actual gobierno los beneficiarios se multiplicaron por veinte, a cifras del 2010 los hogares que reciben el subsidio superan los 470 mil y está presente en 646 distritos en 14 regiones del país. El electo presidente Ollanta Humala, prometió durante la campaña electoral aumentar su presupuesto y ampliar la cobertura, por lo que parece entonces tendremos Juntos para rato. De ahí la necesidad de llamar la atención sobre algunos problemas que se han evidenciado en su ejecución.

Días atrás un informe de la Contraloría alertaba de una serie de deficiencias del programa. Entre otras señalaba que no se puede medir el impacto en la población beneficiada. Por falta de control más de 15 millones de soles en abonos destinados a pobres y pobres extremos no se recogen y quedan en cuentas. Existe negligencia en la distribución de pagos a beneficiarios. Hay descontrol y falta de seguimiento a las familias que reciben el apoyo económico convirtiéndolo en un programa asistencialista y mal ejecutado.

El lunes pasado otro informe, esta vez del Programa de Ética Pública de la Defensoría del Pueblo[1], señala los riesgos de corrupción debido a la intervención de autoridades en los procesos de afiliación de beneficiarios, pagos incompletos a los mismos, uso de billetes falsos así como cobros indebidos en establecimientos de salud y colegios en el ámbito del programa. Las vulnerabilidades y circunstancias riesgosas para la comisión de actos de corrupción, señala la Defensoría, se presentan desde la afiliación al programa hasta la entrega del subsidio, pasando por las validaciones comunales hasta la prestación de servicios que se prestan a los beneficiarios.

El éxito del programa depende en buena cuenta del trabajo articulado entre los diversos sectores del Estado involucrados, en lugares donde su presencia ha sido históricamente débil o nula. De ahí que en una primera fase de su ejecución Juntos participara en el trabajo de documentación de la población beneficiaria mediante convenio con la Reniec. Ese es precisamente uno de los puntos críticos en los problemas actuales que los informes de la Contraloría y la Defensoría señalan, que redunda en filtraciones, sub-coberturas y duplicaciones en las prestaciones del programa.

Una de las aristas de los problemas que se señalan, tiene que ver con la identificación de los beneficiarios, lo cual pone la atención sobre los registros civiles en los distritos de intervención. Los registradores tienen la presión de la población que demanda ser documentada para acceder a los programas sociales y al mismo tiempo viven en una suerte de limbo, entre los gobiernos locales que pagan su salario y cubren sus necesidades de locación y la Reniec de la cual dependen funcionalmente y les proporciona el material de trabajo. La institución supervisa el trabajo de los registradores controlando la calidad de los documentos que las oficinas locales emiten. Pero la comunicación entre las oficinas registrales locales y la Reniec no es la mejor dejando muchas veces a los registradores civiles en la orfandad ante la demanda de la población.

Esta situación podría agravarse cuando el nuevo gobierno amplíe la cobertura de Juntos y ponga en marcha los nuevos programas sociales anunciados. Ya que a partir de la Ley de Presupuesto del 2011, se exige contar con DNI para ser beneficiario de un programa social. Las autoridades de la Reniec han demostrado buena disposición para encarar la solución de los casos persistentes de indocumentación. Ojalá el próximo gobierno facilite las herramientas para que exista un trabajo coordinado y se fortalezcan las capacidades de los registradores civiles, permitiendo así el acceso a los programas sociales de la población más vulnerable. Ampliar la cobertura de Juntos con el panorama que pintan la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, podría perpetuar las deficiencias visibles en otros programas sociales de larga data.

 
Publicado en NoticiasSER.com - 14/07/2011


[1] Aportes de la Defensoría del Pueblo a la promoción de la Érica Pública en los Programas Sociales del Estado. Informe Nº 001-2011-DP/APCSG-PEPPCPP.

miércoles, 29 de junio de 2011

El Morro, el Cristo y nuestra esquizofrenia histórica


El conjunto de cerros conocido como el Morro Solar fue escenario el 13 de enero de 1881, de una de las batallas más sangrientas de la guerra con Chile. La derrota sufrida por las fuerzas patriotas fue el preámbulo de una nueva derrota en Miraflores dos días más tarde y de la ocupación de la ciudad por las tropas del coronel Lynch.

La batalla en el Morro Solar fue particularmente sangrienta porque, a pesar del mayor poder de fuego de los chilenos, los defensores estaban estratégicamente ubicados en la cima y su artillería rechazó con éxito los primeros embates de los ocupantes. A lo largo del día, los restos de las columnas peruanas vencidas en San Juan, se fueron sumando a los defensores del Morro. Los chilenos se vieron obligados a retroceder y hacer una pausa para retomar el ataque una vez que obtuvieron refuerzos. La artillería sembró de muertos y heridos las pendientes pero luego del mediodía la suerte estaba echada. El embate final fue cuerpo a cuerpo. Rodeados por el fuego enemigo, con sus fuerzas diezmadas y agotadas, la división peruana del General Iglesias cede posiciones y se repliega sobre Chorrillos.

En la defensa de Lima participaron junto al Ejército regular, numerosa población civil que integró las milicias y batallones de Reserva. En la memoria colectiva de los habitantes de la Lima de entonces, los sucesos vividos marcaron profundamente estos episodios y convirtieron al Morro Solar durante casi medio siglo en un lugar de peregrinación.

Al año siguiente de la batalla, el italiano Manuel Mazzi junto a un grupo de artesanos realizó una romería al Morro Solar para rendir homenaje a los caídos. En los primeros años de la procesión ésta tuvo como actividad principal el recojo de los restos de los caídos en combate para darles cristiana sepultura. Luego de esta etapa inicial la procesión cívica tuvo lo altibajos que la coyuntura política le impuso, además de desatar disputas entre las instituciones que organizaban y lideraban el ritual cívico.

La construcción del Osario de Miraflores durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez en 1891 cambió el destino de la procesión. En los años siguientes las sociedades mutualistas afines al pierolismo fueron las grandes animadoras de estas y otras actividades organizadas en recordación de la guerra. El 7 de junio de 1905 se inaugura el monumento a Francisco Bolognesi, según los diarios de la época cincuenta mil almas participaron del acto. Ese día también fue establecido por el Estado peruano como el “Día de la Bandera”, un nuevo ritual cívico que obligó a resignificar y dotar de nuevos contenidos a los que ya se celebraban. Para entonces, la procesión de enero había dejado de ser al Osario de Miraflores y se había trasladado a la Cripta de los Héroes en el Cementerio Presbítero Maestro.

La edificación de la Cripta fue una decisión tomada durante el gobierno de José Pardo congregando a los héroes de guerra dispersos en varios cementerios. La Confederación de Artesanos y la Asamblea de Sociedades Unidas fueron las organizadoras de las romerías patrióticas hasta 1914, siendo estos los años cumbre del ritual. Pero el golpe de Estado al presidente Billinghurst, cuya base social estaba constituida por los gremios de artesanos y obreros, junto al auge del anarcosindicalismo, provocaron que a partir de 1915 el mutualismo fuera marginado de la vida pública y su poder de convocatoria entre las clases populares mermara significativamente.

Posterior a esa fecha se producen nuevas modificaciones al recorrido de la procesión. La ojeriza que los nuevos gobernantes le tenían al mutualismo posibilitó retomar el destino de la procesión al Osario de Miraflores, sin embargo, el carácter semi-oficial que comenzaba a adquirir el acto iría mermando su convocatoria.

La última etapa del ritual cívico comenzó durante el gobierno de Leguía (último presidente del Perú que participó en la defensa de Lima), cuando este edifica en el Morro Solar el monumento al Soldado Desconocido en 1921. Una comisión se encargo de recolectar restos humanos en las inmediaciones, los cadáveres fueron sepultados al pie del monumento de la escultura realizada por la Escuela de Artes y Oficios. Desde entonces todos los años se realiza los 13 de enero una ceremonia cívico militar en conmemoración de los caídos. Tres décadas más tardes Manuel Odría haría colocar otro monumento a Manuel Iglesias, quien dirigió la defensa del Morro.

Desde entonces el Morro Solar está en una situación de virtual abandono. La Municipalidad de Chorrillos no ha hecho nada para detener la ocupación de terrenos en las faldas de los cerros. En la década del 90 construyó un Estadio Municipal, conocido por el sobrenombre de “cancha de los muertos”, sobre el terreno que antiguamente fue el cementerio. Tampoco hace nada por cuidar los monumentos que allí existen, antes bien, cobra alquiler por las numerosas antenas que coronan los cerros y hace un par de años autorizó un emprendimiento inmobiliario que violaba la intangibilidad del cerro, declarado monumento histórico en la década del 70. El actual gobierno por intermedio del Instituto Nacional de Cultura, lo impidió.


Los cambios en el ritual cívico reflejan la forma en que moldeamos las imágenes de nuestro pasado asignándoles nuevos significados, muchas veces reescribiendo nuestra historia y rehaciendo la memoria colectiva. La instalación del Cristo del Pacífico en el Morro Solar es una muestra del poco respeto que nuestras autoridades tienen por los espacios públicos y el patrimonio histórico y cultural de los peruanos. También lo es de la esquizofrenia, que como señala Paulo Drinot[1], caracteriza la conciencia histórica peruana. En estos días nuestra justicia sentencia a prisión suspendida a un joven chileno que en estado de ebriedad micciona al pie del monumento a Bolognesi en Tacna, y lo obliga a retractarse públicamente. Muchos se indignan y se desgarran las vestiduras con estas ofensas a los símbolos patrios, mientras que al mismo tiempo toleramos que una mala copia de plástico de un Cristo brasilero corone un monumento histórico que es símbolo de la ciudad.




[1] Paulo Drinot. Historiografía, identidad historiográfica y conciencia histórica en el Perú.


miércoles, 15 de junio de 2011

A paso ligero

La expresión “pato cojo” es aplicada en la política norteamericana a un presidente al final de su período de gobierno cuando ya ha sido elegido su sucesor. Esto podía ser aplicable cuando Alejandro Toledo antes de dejar el cargo y con los resultados a la vista dedicó los últimos meses de su mandato a dejar mochas las tijeras de Palacio inaugurando todo lo que no se movía. En su caso, los meses finales fueron una inesperada luna de miel con la población, un alivio para quien en el tramo final logró repuntar su popularidad luego de estar por los suelos durante buena parte de su gobierno, con amenaza de vacancia incluida.

Pero a diferencia de aquella transición, que implicaba más un cambio de personal en el gobierno y no de las grandes líneas del mismo, la actual tiene otro cariz. Si bien es cierto que la moderación de Humala y la amplia coalición que se sumo a su candidatura hace improbable cambios bruscos de orientación, no menos cierto es que tras veinte años de neoliberalismo rampante el nuevo gobierno viene dispuesto a dar un giro a la izquierda. Ante la inevitabilidad del giro, ni lerda ni perezosa, la colación derrotada trabaja buscando generar un clima propicio que permita hacer un control de daños y al mismo tiempo poner límites a los arrestos reformistas del próximo gobierno.

La élite empresarial presionó al candidato electo para que este hiciera anuncios sobre los responsables en puestos claves del futuro gobierno, so pretexto de calmar a los mercados, y aún sin que hubiera una proclamación oficial de los resultados. Al pedido se sumó la prensa abiertamente jugada por el retorno del fujimorismo, que cuando la CONFIEP, más rápido que ligero, dice que no hay nada que temer y elogia la preocupación por la inclusión social del mandatario electo, cambia el discurso prepotente y nos habla de la necesidad de la reconciliación entre los peruanos. Precisamente, quienes durante semanas azuzaron todos los miedos hablan ahora de la necesidad de cerrar heridas.

La coalición derrotada, con García a la cabeza, prepara una retirada ordenada. Mientras los empresarios acomodan el cuerpo a la nueva realidad y al gran público se le habla de reconciliación, la alianza apro-fujimorista hace intercambios de presentes. El congresista José Vargas habla de la posibilidad de indultar a Fujimori y la premier hace cambios en la presidencia de la Comisión de Gracias Presidenciales, que sería la encargada de recomendar el indulto según lo denunciara La República. Esto corre en paralelo con la aprobación y defensa de la ley Nº 29703 que hacen el gobierno y su promotor, el congresista Sousa. La ley pro-corrupción, fue aprobada a mediados de mayo e introduce modificatorias al Código Penal que según los entendidos cubriría las espaldas de varios funcionarios públicos del actual gobierno, además de beneficiar incluso a los procesados por corrupción durante el régimen fujimorista.

Junto con lo anterior, la bancada aprista apura el nombramiento de Walter Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo. La comisión evaluadora presidida por González Posada lo postula como único candidato, a pesar de que hubo treinta y cuatro postulantes al cargo, para ocupar el cual se requiere tener 35 años, ser abogado de profesión y gozar de una reconocida reputación, integridad e independencia. Algo que podría estar en tela de juicio en virtud de que el Ministerio Público lo ha investigado por malos manejos.

Lo cierto es que mientras el presidente electo se va de gira por la región, de forma un tanto apresurada tal vez, y los cuadros más cercanos a Humala se ocupan de las tareas de transferencia al nuevo gobierno, la coalición derrotada se mueve con rapidez. Aquello del “pato cojo” no es aplicable a nuestro presidente, ni para esta transición. Por el contrario, es probable que muchos funcionarios estén prestos a realizar horas extras para entregar la casa en orden. Si un fin de semana fue suficiente para que en el Ministerio de Salud desaparecieran 800 cajas conteniendo 41 mil documentos correspondientes a la gestión de Hernán Garrido Lecca, tiempo hay para ello.

Publicado en Boletín de Notcias.SER - 15/06/2011

jueves, 2 de junio de 2011

Promesas y derechos en un Estado hemipléjico

Desde perspectivas diferentes, las dos opciones que definirán el próximo fin de semana la segunda vuelta, expresan el reclamo de una mayor presencia del Estado. Keiko, dentro de las coordenadas del modelo neoliberal apuesta al asistencialismo, queriendo paliar las consecuencias que el mismo modelo genera a través de la titulación de propiedades, comedores populares, seguro universal de salud, etc. La promesa de desarrollo con inclusión social de Ollanta también se sostiene, desde una perspectiva de derechos, en una variedad de programas sociales: pensión 65, transformar los wawa wasi en centros de educación temprana, mayores derechos laborales, etc.

Sea quien fuere el ganador de la contienda debemos esperar, a la luz del menú de ofertas que hacen los candidatos, un trabajo de fortalecimiento de las instituciones estatales vinculadas a los temas sociales del país. Sinesio López ha señalado con acierto que el nuestro es un estado hemipléjico, mientras los aparatos económicos como el MEF, SUNAT, SBS, BCR y los ministerios que manejan asuntos económicos tienen un fuerte grado de institucionalización, los aparatos sociales vinculados a los temas de salud, educación, seguridad, justicia y otros, son ineficientes y reciben un presupuesto que les impide mejorar la calidad de los servicios que prestan. Entre estas instituciones figura el RENIEC, que como el resto del aparato social del Estado peruano ha sido descuidado por éste y los gobiernos que le precedieron.

La RENIEC fue creada a mediado de los años 90 con el encargo de crear un sistema nacional e integrado de identificación ciudadana y registro civil, además de confeccionar el padrón electoral para las elecciones. Esa es una tarea que además de inconclusa, se lleva a cabo con notorias deficiencias. La Defensoría del Pueblo, el INEI y organismos no gubernamentales han abordado el tema de la indocumentación en el país afirmando que son cientos de miles las personas que no cuentan con documentos de identidad, las que mayoritariamente viven en las regiones más apartadas del país.

El primer documento de identificación con el que cuentan los peruanos es su partida de nacimiento, el que representa un reconocimiento o declaración de derechos por parte del Estado. En el caso de los niños/as y adolescentes, que no tienen obligación de contar con un documento de identidad hasta la mayoría de edad, la partida de nacimiento es su documento de identificación. A partir de la visibilización del problema de indocumentación que existe en nuestro país algunas ong se han preocupado por el tema promoviendo la documentación de la población.

En una visita reciente al distrito de Lares en la región Cusco pude observar las dimensiones de un problema que, de no actuar con cierta celeridad, tenderá a hacer más difícil la implementación de los programas sociales que el gobierno entrante quiera implementar reproduciendo el ciclo de marginación. Otorgar títulos de propiedad o recibir una retribución a través de pensión 65 es virtualmente imposible si no se cuenta con un documento de identidad.

Los registros civiles en nuestro país están a cargo de las municipalidades, pero funcionalmente dependen del RENIEC quien capacita a los registradores civiles. El problema en distritos como Lares, con mayoría de población quechuablante, es que las partidas de nacimiento contienen faltas ortográficas o sobrescritura que el RENIEC no acepta como válidas para otorgar el DNI. Es decir, la institución encargada de conceder los documentos de identificación rechaza los que el personal funcionalmente a su cargo emite. Para superar el problema de las partidas el RENIEC prevé dos vías de rectificación: una administrativa y otra judicial. Pero la falta de conocimientos legales del personal del registro está haciendo que la mayoría de las rectificaciones vayan por la vía judicial creándole a su vez un problema al juzgado de la región donde se nos informa que el 50% de la carga procesal corresponde a este tipo de trámite.

El distrito de Lares tiene una población que supera ligeramente los siete mil habitantes, el año pasado unas 700 personas comenzaron su trámite de rectificación por la vía judicial. Basta con una simple mirada a los libros de actas de nacimiento para darse cuenta que si el RENIEC no resuelve de manera más eficiente errores nimios, estaría afectando los derechos de la enorme mayoría de la población de uno de los distritos más pobres del país (1).

Resolver judicialmente el problema implica para los habitantes de Lares hacer varios viajes de sus comunidades de origen a la capital del distrito para iniciar el trámite y luego asistir a las audiencias judiciales en Pisac, a varias horas de camino. Hacer el trámite de rectificación de partida es un proceso que lleva meses, se pierden días de trabajo y se gasta dinero en publicaciones, transporte, alojamiento y comida. Esto ha provocado que muchos lo hayan dejado por la mitad, con el resultado de que los pobladores no pueden atenderse en la posta médica del distrito que ahora les exige DNI o no ser beneficiarios del Programa Juntos.

Ojalá que la desidia del actual gobierno de paso a una actitud más comprometida de las próximas autoridades, el abanico de promesas electorales requiere en buena cuenta de hacer más eficiente una institución que sigue sin cumplir los fines para los cuales fue creada. Sin olvidar que se están afectando derechos esenciales de los peruanos como el derecho a la identidad.

Nota:
(1) Según el ranking distrital del IDH elaborado por el PNUD, el Distrito de Lares se encuentra en el puesto 1711 de un total de 1834

Publicado en NoticiasSER.pe - 01/06/2011

Ajedrez electoral

A tres semanas de la segunda vuelta hay un virtual empate entre Humala y Fujimori, que según Ipsos Apoyo se mantiene con ligeras variaciones desde fines de marzo. Como suele ocurrir, cada quien elige la encuestadora que más le simpatiza, hace cortes de tiempo y ve la evolución de las intenciones de voto del candidato de su preferencia. Concluída la primera vuelta Humala tenía ocho puntos de ventaja sobre Fujimori, que en la última encuesta ya lo superaba por uno. Otros prefieren rebobinar la película a enero de este año cuando Fujimori (49%) duplicaba a Humala (23%) en intención de voto para una eventual segunda vuelta. Hay pues, “tendencias” a gusto del consumidor y cada quien elige la que más le place.

Han quienes afirman que la batalla final será en Lima, y si bien esto tiene asidero, no menos cierto es que, ante un desenlace tan apretado, la diferencia puede venir de cualquier región o segmento socioeconómico. La campaña se ha convertido en un partido de ajedrez con el país como tablero, porque si bien existe cierta estabilidad en las intenciones de voto en la sumatoria general, también ocurre que en las regiones el voto triangula, moviéndose entre uno y otro candidato y la opción en blanco. Así parece haber ocurrido en la última semana donde las preferencias por Humala crecieron en el oriente, mientras que Fujimori lo hizo en el norte y en el centro del país cae, no favoreciendo a su oponente sino aumentando la cantidad de votos en blanco, sin alterar el equilibrio global.

En el afán de ganar el voto de centro ambos candidatos han mudado de discurso y se prodigan en juramentos buscando ser la nueva encarnación del mal menor. Hasta la década de los ochenta el Perú tuvo partidos con algo que se asemejaba a proyectos políticos, había mal que bien una idea de país que permitía la adhesión de los grupos sociales que podían sentirse representados. Pero esa representación partía de una oferta ideológica y programática que los partidos presentaban a los ciudadanos. En tiempos de democracia sin partidos, la pelea por los votos obliga a los candidatos a un travestismo sin fin, donde lo que importa es amoldar la oferta a la demanda. Antes que representar a la ciudadanía los partidos se han convertido en traductores de la opinión pública.

El largo peregrinaje de Humala hacia el centro ha terminado por descafeinar su programa de gobierno en aras de suavizar las aristas más controversiales que le restaban votos en los sectores A/B. De esta manera ajusta su oferta a la demanda de cambios apuntando convencer a quienes votan pensando en su bolsillo. La mayor parte de la ciudadanía ha mejorado su situación económica en los últimos años y nadie quiere que la expansión de la economía se acabe.

Pero si el de Humala ha sido un corrimiento al centro por etapas y entendiendo la política como el arte de lo posible, los giros de timón del fujimorismo son radicales anunciando medidas inverosímiles y efectistas. Como la creación de un organismo para vigilar el cumplimiento de los derechos laborales, se respeten las “8 horas de trabajo” y eliminar el abuso de las services, contrariando su plan de gobierno y la política seguida por su papá. El que la noche del 10 de abril era considerado como “el mejor gobierno de la historia del Perú” en cuestión de días pasó a ser calificado como autoritario por la candidata pidiendo perdón por los errores y delitos cometidos. Si días antes de la primera vuelta hablaba de construir un Museo de la Victoria para reivindicar a quienes enfrentaron al terrorismo, ahora vuelve sobre sus pasos para afirmar que se construirá el Museo de la Memoria.

Los ajedrecistas se mueven por el tablero nacional, mientras peones y alfiles cubren los flancos débiles y atacan al oponente buscando traducir los estados de ánimo de un electorado que no tiene confianza en las instituciones ni en los políticos, y que esta campaña electoral solo ahondará esos sentimientos.
Publicado en NoticiasSER.pe - 18/05/2011