Los programas sociales son creados e implementados por el Estado con el fin de permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, particularmente aquellos que por diferentes motivos son víctimas de exclusión social. En este sentido, de las decenas de programas sociales que se ejecutan el programa Juntos es considerado uno de los más efectivos. Es el primer programa de transferencias directas condicionadas a una serie de exigencias en materia de salud, educación, nutrición e identidad por parte de los beneficiarios. Por lo que involucra a varios sectores del Estado en las zonas con mayores niveles de pobreza y exclusión del país. Con él se beneficia a hogares en situación de vulnerabilidad, exclusión o pobreza, que tengan entre sus miembros a niñas y niños hasta los 14 años de edad o mujeres en estado de gestación.
Juntos se creó en el último año del gobierno de Toledo en el año 2005, en aquel entonces llegaba a 22 mil hogares. Durante el actual gobierno los beneficiarios se multiplicaron por veinte, a cifras del 2010 los hogares que reciben el subsidio superan los 470 mil y está presente en 646 distritos en 14 regiones del país. El electo presidente Ollanta Humala, prometió durante la campaña electoral aumentar su presupuesto y ampliar la cobertura, por lo que parece entonces tendremos Juntos para rato. De ahí la necesidad de llamar la atención sobre algunos problemas que se han evidenciado en su ejecución.
Días atrás un informe de la Contraloría alertaba de una serie de deficiencias del programa. Entre otras señalaba que no se puede medir el impacto en la población beneficiada. Por falta de control más de 15 millones de soles en abonos destinados a pobres y pobres extremos no se recogen y quedan en cuentas. Existe negligencia en la distribución de pagos a beneficiarios. Hay descontrol y falta de seguimiento a las familias que reciben el apoyo económico convirtiéndolo en un programa asistencialista y mal ejecutado.
El lunes pasado otro informe, esta vez del Programa de Ética Pública de la Defensoría del Pueblo[1], señala los riesgos de corrupción debido a la intervención de autoridades en los procesos de afiliación de beneficiarios, pagos incompletos a los mismos, uso de billetes falsos así como cobros indebidos en establecimientos de salud y colegios en el ámbito del programa. Las vulnerabilidades y circunstancias riesgosas para la comisión de actos de corrupción, señala la Defensoría, se presentan desde la afiliación al programa hasta la entrega del subsidio, pasando por las validaciones comunales hasta la prestación de servicios que se prestan a los beneficiarios.
El éxito del programa depende en buena cuenta del trabajo articulado entre los diversos sectores del Estado involucrados, en lugares donde su presencia ha sido históricamente débil o nula. De ahí que en una primera fase de su ejecución Juntos participara en el trabajo de documentación de la población beneficiaria mediante convenio con la Reniec. Ese es precisamente uno de los puntos críticos en los problemas actuales que los informes de la Contraloría y la Defensoría señalan, que redunda en filtraciones, sub-coberturas y duplicaciones en las prestaciones del programa.
Una de las aristas de los problemas que se señalan, tiene que ver con la identificación de los beneficiarios, lo cual pone la atención sobre los registros civiles en los distritos de intervención. Los registradores tienen la presión de la población que demanda ser documentada para acceder a los programas sociales y al mismo tiempo viven en una suerte de limbo, entre los gobiernos locales que pagan su salario y cubren sus necesidades de locación y la Reniec de la cual dependen funcionalmente y les proporciona el material de trabajo. La institución supervisa el trabajo de los registradores controlando la calidad de los documentos que las oficinas locales emiten. Pero la comunicación entre las oficinas registrales locales y la Reniec no es la mejor dejando muchas veces a los registradores civiles en la orfandad ante la demanda de la población.
Esta situación podría agravarse cuando el nuevo gobierno amplíe la cobertura de Juntos y ponga en marcha los nuevos programas sociales anunciados. Ya que a partir de la Ley de Presupuesto del 2011, se exige contar con DNI para ser beneficiario de un programa social. Las autoridades de la Reniec han demostrado buena disposición para encarar la solución de los casos persistentes de indocumentación. Ojalá el próximo gobierno facilite las herramientas para que exista un trabajo coordinado y se fortalezcan las capacidades de los registradores civiles, permitiendo así el acceso a los programas sociales de la población más vulnerable. Ampliar la cobertura de Juntos con el panorama que pintan la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, podría perpetuar las deficiencias visibles en otros programas sociales de larga data.
Publicado en NoticiasSER.com - 14/07/2011
[1] Aportes de la Defensoría del Pueblo a la promoción de la Érica Pública en los Programas Sociales del Estado. Informe Nº 001-2011-DP/APCSG-PEPPCPP.
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