Esta semana el Congreso de la República vuelve a debatir la implementación del voto electrónico. La coincidencia en el tiempo las elecciones presidenciales en Brasil y las regionales y municipales en nuestro país, puso en evidencia los problemas de nuestros organismos electorales. En esta columna hemos celebrado la actuación del JNE por la actitud imparcial que asumió en el trámite de las impugnaciones de los candidatos, sin embargo, producida la elección, el sistema vuelve a mostrar sus deficiencias. Una modificación tardía en los procedimientos tuvo como resultado que la cuarta parte de las actas de la elección en Lima hayan sido observadas. La lentitud en el procesamiento de esas actas no permitirá conocer oficialmente a la alcaldesa electa hasta por lo menos tres semanas después de la elección, lo que ha dado pie a todo tipo de suspicacias. Para colmo, los organismos electorales en lugar de buscar la forma de agilizar los procedimientos han entrado en dimes y diretes responsabilizándose mutuamente. La diferencia con las elecciones brasileñas no puede ser más evidente, en ese país votaron 180 millones de electores, diez veces más que en el Perú, y los resultados se conocieron a las tres horas haber cerrado las mesas de votación.
Al día siguiente de la elección, políticos de diferentes tiendas han salido a opinar a favor y en contra del voto electrónico. El problema al que se alude con mayor frecuencia es a la posibilidad de hackear la máquina y así torcer los resultados. Si bien no existe máquina cien por ciento segura, la urna electrónica diseñada por ONPE entrega una constancia de voto a cada votante (cual cajero automático) el que este deposita en una urna. Al final de la votación la máquina expide los resultados, y para quienes tengan dudas se pueden contar los voucher en forma paralela para confirmar los resultados que arroja la máquina. El hecho de que el elector reciba una constancia de su voto reduce al mínimo la posibilidad de fraude, cosa que con los procedimientos manuales actuales está muy lejos de suceder.
Las ventajas que tiene el voto electrónico son: hace más sencilla la votación para los electores, reduce las tareas de los miembros de mesa, hace más rápido el escrutinio, las máquinas transmiten electrónicamente los resultados para su consolidación, disminuye los costos del proceso electoral para quienes lo organizan y para los partidos, se ahorran gastos de papel y materiales, da mayores garantías a los partidos en la medida que no requieren tener personeros en cada mesa, elimina los votos anulados, ya que el sistema no permitirá opciones inválidas de votación.
La discusión sobre su implementación no se da en el mejor momento, estamos saliendo de un proceso electoral que no acaba y ya todos los partidos están con la mente puesta en la presidencial de abril próximo. La experiencia internacional, y el sentido común, indican que su implementación debe ser progresiva para que el sistema se adapte a las particularidades del país y los electores se eduquen en el nuevo sistema de votación. Así lo hizo Brasil que comenzó a hacer pruebas en la década de los 90. En las elecciones de 1996 se uso a gran escala en las elecciones municipales donde votaron electrónicamente 33 millones de electores. Amplió el número de circunscripciones que utilizaron máquinas de votación en las presidenciales del 98 y en las elecciones municipales del año 2000 todas las mesas votaron electrónicamente. Desde entonces el sistema se viene aplicando con éxito.
El otro país latinoamericano que tiene implementado el voto electrónico es Venezuela. Quienes se oponen a este sistema se apoyan en las denuncias que la oposición venezolana hiciera a Hugo Chávez sobre manipulación de los resultados y la pérdida del secreto del voto. No es cierto, esas acusaciones han sido desmentidas por misiones de la OEA que auditaron las máquinas y los procedimientos. De hecho los cuestionamientos se hicieron en las legislativas y presidenciales de los años 2005 y 2006 respectivamente, pero nadie ha escuchado quejas al sistema de votación en las legislativas de este año, donde la oposición obtuvo mejor votación. Lo que demuestra la experiencia venezolana es que implementar un nuevo sistema de votación requiere de un amplio consenso entre los partidos.
Otro caso interesante, y del que podemos sacar lecciones útiles para nuestro país, es el de Paraguay. Con el apoyo de Brasil que facilitó urnas electrónicas, se hizo en las municipales del 2001 una primera prueba no vinculante en la que votaron poco más del 1% del electorado. En las elecciones municipales y presidenciales siguientes la mitad de los electores utilizó este sistema con éxito, y se planificó alcanzar al 100% en el 2008. En las internas de los partidos para esa elección se utilizó el voto electrónico, pero los derrotados denunciaron fraude y pusieron en tela de juicio el sistema, por lo que en las elecciones presidenciales del 2008 se dio marcha atrás y se volvió a los procedimientos manuales.
Estas y otras experiencias deben tomarse en cuenta a la hora de implementar el voto electrónico en nuestro país.
